Ponencia inaugural del diplomado en DDHH, Género y Acceso a la Justicia.
Escrito por María Fernanda Castellanos Montiel y Guadalupe Cervantes Alonso
Estudiantes de Derecho
El día 8 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Ponencia inaugural “Con qué unidad se mide la ausencia: Situación del acceso a la justicia para personas indígenas víctimas de desaparición forzada en México”. Con la participación del Dr. Eduardo García, la Maestra Erika Ollinger Lamadrid y la Maestra Rosario Arrambide, teniendo como ponente a Irma Pineda Santiago Integrante de Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“La violencia y agresión hacia los derechos humanos, tiene que reducir y la mejor manera para hacerlo es por medio de la educación” fueron las palabras con las que se inició este evento. El tema central fue la desaparición forzada, en la ponencia en la cual se comentó sobre antes de 60’s, pero se denota más con la masacre de Tlatelolco y en la década de los 70 hasta la mitad de los 80. La década de los 70 fue conocida como el periodo de la Guerra Sucia pues comenzó una etapa de violencia por parte del Estado hacia las manifestaciones que se dieron después del año 1968 como los Grupos Armados y Organizaciones populares.
En estas décadas se implementó el uso de la desaparición forzada como proceso de desarticulación definiéndolo, como un mecanismo para desanimar cualquier otra expresión de rebeldía contra el Estado, pero como en todo, hay un desacuerdo con este término de Guerra Sucia, argumentando que una guerra es el enfrentamiento de dos ejércitos en igualdad de condiciones, por esta razón no podemos llamarle guerra a una violencia que el Estado tiene hacia los campesinos y mujeres, pues no se encuentran en las mismas condiciones.
En esta conferencia, se comentó los primeros datos que se conocen sobre la desaparición forzada, la lucha sindical que se dio en San Luis Potosí en 1931. Es por esto que en 1968 el Doctor Vicente Ovalle, hace referencia a las décadas de los 40’s y 50’s donde hubo casos de desaparición forzada en el contexto de las luchas sindicales. Este mismo autor define la desaparición forzada como:
“Una forma específica de Estado que se presenta como una práctica particularmente dentro de las instituciones encargadas de la seguridad que en estos momentos aparece como una estrategia sistemática planifica o al amparo del Estado para la eliminación de aquellos definidos como enemigos políticos”
En México dichas instituciones de seguridad del Estado serían: La Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Sin embargo, Irma Pineda Santiago, mencionó que “se volvieron el brazo perpetrador de este delito”, por consiguiente, estás instituciones fueron creadas para salvaguardar la seguridad de mexicanas y mexicanos, cosa que no han hecho adecuadamente.
Irma Pineda Santiago habló sobre el término enemigo político definiéndolo como “el actor que puede generar mucho daño para la sociedad y en su entorno y por lo tanto es necesario acabar con él”, de manera que, el Estado utiliza los medios de comunicación para generar socialmente la idea de que “son un daño o un peligro” para la nación, lo que hace que el enemigo político se convierta en un enemigo público y esto va llevando a que socialmente se justifique la violencia y represión del Estado hacia grupos opositores como, por ejemplo: La Liga 23 de septiembre 1965 en Chihuahua, Grupos Armados de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez en Guerrero y la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) en Oaxaca. Un ejemplo claro que se menciona sobre este término es el caso de las y los estudiantes de Ayotzinapa, mostrando opiniones de la sociedad como: “se lo merecían por andar de revoltosos”, “se lo merecían, porque no estaban en sus aulas estudiando, sino que andaban buscando algo” o “estaban vinculados a grupos de delincuencia organizada”.
De acuerdo con los datos presentados en la ponencia hay 91 mil 444 personas desaparecidas de las cuales 2 mil 501 son de Puebla, el problema es que, no se puede identificar cuantos son indígenas, mujeres y demás especificaciones necesarias. Esto es algo que le conviene al Estado porque diluye las identidades y a la vez invisibiliza las luchas, los daños y afectaciones que ocurren en las comunidades indígenas, como el hecho de que alguien pudo haber sido sustraído de su comunidad por defender el agua, flora o fauna y la tierra. Al desaparecer a las y los líderes indígenas se afectan, también estos procesos de resistencia.
Se hace mención que el día 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas” se presentó un cartel con rostros y nombres de las personas indígenas para tener una noción más amplia de los números. Así mismo, se hizo, la invitación a que, si hay alguna persona que conozca a alguien de origen indígena y que esté desaparecido, se lo puedan compartir.
Aída Hernández, antropóloga e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS) perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quien ha acompañado los procesos de búsqueda, sobre todo de las madres buscadoras en el norte del país, menciona que las y los indígenas desaparecidos están ausentes, no únicamente de sus casas y sus comunidades sino también de las estadísticas oficiales sobre desaparición forzada y por particulares, así como también de las reivindicaciones políticas, de las organizaciones de familiares y de los discursos políticos de las organizaciones indígenas como si fueran historias aisladas.
Esto podría evitarse si el número de desaparición forzada en México no fueran de manera general, sino que se exija que se separen las estadísticas dependiendo quienes son indígenas, quienes son mujeres o quienes son hombres.
Actualmente se han encontrado tanto desapariciones como asesinatos de varios líderes y defensores del medio ambiente y también un incremento en la violencia de género, ya que las mujeres indígenas están siendo hasta el triple de violentadas por razón de ser mujer, de ser indígena, pobres, por carecer del acceso a la educación, no tener información. Esta es otra razón por la que hay que tener los datos específicos sobre el número de mujeres indígenas desaparecidas.
En la ponencia se comentó que la desaparición forzada, viene con antecedentes de violencia, a través del racismo hacia las personas indígenas, por razones de color de piel, la carencia de educación, el no dominio del español, etc. Incluso esta violencia ocurre desde la estructura misma.
Cabe mencionar que las comunidades y pueblos indígenas no cuentan con los servicios básicos, como luz y agua, faltan escuelas, medios de comunicación, hospitales, etc. Esto hace que exista una serie de violaciones a los derechos humanos sobre las comunidades indígenas, las cuales van propiciando procesos de resistencia y lucha que el Estado busca destruir usando la desaparición forzada para sembrar miedo y terror.
Esta violencia que hay detrás de la desaparición forzada esta relacionada con el racismo, con procesos históricos coloniales, socioeconómicos, sanitarios, educativos y ambientales. En los últimos años se ha vuelto más frecuente, sobre todo esta violencia con la que buscan apropiarse de los recursos naturales como el agua. Por ejemplo, actualmente está el caso en Puebla con la empresa BONAFONT donde se les está dejando sin agua a las comunidades, pero estás se han revelado y resistido. También, en el norte del país existe una crisis por el agua y en Michoacán está la situación de los bosques que están siendo destruidos por la siembra de aguacate, ya que se ha encarecido el producto y está generando más recursos.
En la ponencia se comentó que cuando hay una persona desaparecida, en su mayoría, la carga cae en las mujeres, ya sean madres, parejas, hijas, compañeras, o líderes de organizaciones, esto debido a que son las primeras que salen en busca de la persona desaparecida o de interponer denuncias, son las que encabezan las luchas y los procesos de búsqueda. Irma, también dijo que es la misma comunidad la que recurre a las mujeres pues consideran son quienes tienen la información a la mano o quienes mejor pueden llevar estas causas y procesos.
Cabe destacar que esta carga no es negativa, hay procesos de varias compañeras que han tomado funciones como buscadoras, guías, líderes de movimientos y esto sin dejar de lado el cuidado y sustento de sus familias, independientemente de la tensión emocional o psicológica que tengan, porque no cuentan con los recursos para obtener un apoyo psicológica.
Pineda Santiago clasificó la desaparición forzada como el delito perfecto, porque finalmente al tratarse de desaparición no existe un cadáver y al no existir un cadáver no se puede comprobar un delito. Esto va de la mano de los obstáculos para acceder a la justicia, como la negación de información de las investigaciones, también, al llegar a las oficinas y denunciar para iniciar con el procedimiento correspondiente, los oficiales mismos mencionan que, seguramente, la persona se fue por su propia voluntad o consideran que huyeron con el novio y esto se da más cuando son mujeres jóvenes. Esto es considerado como violencia de género, aparte tienen que probar la identidad de la persona con una serie de documentos, desde la credencial hasta testigos. Por esto último, cuando se trata de personas desaparecidas de las décadas de los 70 y 80 es mucho más complicado el procedimiento.
Y aun cuando se presenten todos los documentos y pruebas que se solicitan, las instituciones no admiten la participación del Estado, por lo tanto, tiene que recurrir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero de igual manera hay una complejidad en la admisión de casos, ya que por cada año tienen demasiadas solicitudes.
Uno de los casos más emblemáticos, es el de el campesino Rosendo Radilla procedente de Guerrero. Su caso se presentó desde el 2001 ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue en el 2009 que se emitió una sentencia y condena al estado mexicano por la violación a los derechos humanos.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) da sentencia, el Estado mexicano actúa como si el caso no hubiera ocurrido pues dejan de buscar a la persona y a los responsables de la desaparición forzada, por lo que las familias nunca pueden saber, quién fue, a dónde se lo llevaron, por órdenes de quién, si sigue vivo o muerto y en este caso donde está el cuerpo.
Irma Pineda habló sobre las familias de víctimas de desaparición forzada y las tres demandas principales. La primera es la verdad, es decir, saber dónde están y qué pasó, si están muertos o vivos, se busca una serie de respuestas. La segunda es la Justicia, pues se quiere saber quiénes fueron responsables tanto intelectuales como materiales; y la tercera demanda es tener memoria, es decir, establecer todos los mecanismos para mantener la memoria con la finalidad de que no se vuelva a repetir.
La sociedad tiene también un papel importante, debido a que puede permitir que ocurra menos, al enfocarse en la defensa de derechos humanos y violaciones de estos. Irma Pineda Santiago comentó que se ha acercado a diferentes instancias del gobierno por 50 años y no se tuvo respuesta, sino todo lo contrario, se obtuvo una negativa en los procesos que implicaban violencia, persecución, hostigamiento, temor, represarías por parte del Estado.
En la ponencia se mencionó que en estos casos hay vinculaciones con distintas instituciones, por ejemplo: El 19 de septiembre de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos (PREDES), actualmente denominado Programa Especial de Personas Desaparecidas (PEPD). En esta área se simuló la atención a las familias de las personas desaparecidas y elaboraron informes que no contemplaban, la participación de las fuerzas del Estado.
En el 2002 se crea la Fiscalía especial para movimientos sociales políticos del pasado, en donde se asistió de nuevo, sin obtener resultados. El Estado generó más burocracia en el 2012, al crear la Coordinación General de Investigación Dependiente (CGID), de la Procuraduría General de la República (PGR), donde marcaba procesos burocráticos complicados y cansados para las familias de las y los desaparecidos, siendo una estrategia para que se dejara de buscarlos.
En 2014, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual tiene como misión, acompañar a las víctimas de tal manera que recuperen su proyecto de vida, esto mediante la implementación eficiente y efectiva del Modelo de Atención a Víctimas a nivel federal, pero no se difundió y no se sabe de su existencia. A pesar de tener ya los datos y redes de las familias de las y los desaparecidos, proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Irma Pineda Santiago, explicó que las familias tenían que hacer todo el proceso de investigación, porque se tenía que llegar con una investigación armada para que así la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará el informe, el cual era complicado de aceptar y provocaba que se siguiera investigando de manera independiente.
En el 2018, con el Gobierno actual, hizo más caso a las familias e incluso hubo más sensibilidad que los 50 años anteriores. Se crea la Unidad de Atención a Víctimas que dependen de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), brindando un avance en un año y medio en el acompañamiento de las familias de las víctimas, buscándolas.
La Comisión Nacional de Búsqueda de personas (CNB) está procurando crear una por estado, actualmente ya hay 19 estados que la tienen. La creación es para que se pueda denunciar inmediatamente la desaparición forzada y se despliegue todo un mecanismo de búsqueda y tratar de encontrar con vida a la persona desaparecida y en el caso de las familias que fueron desaparecidas de los años 70-80, se está diseñando un mecanismo para tener más información que permita su localización.
De igual manera, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) y la comisión especial para el caso Ayotzinapa. Se han fortalecido instituciones que ya existían como la Coordinación General de Investigación (CGI), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CUEV), ya no se están centralizando en la Federación, sino que se distribuyen a los Estados.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha existido la participación del Estado en actos que violan los derechos humanos y se abrió al diálogo con las familias de las personas desaparecidas.
Este diálogo tuvo lugar el día 30 de agosto del presente año, donde las familias le dieron propuestas al presidente, siendo estás las más relevantes: Establecer un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico; la creación de un comité para el impulso de la justicia; un plan especial de búsqueda, sobre todo en los casos que cuentan con muchos años de antigüedad y; un comité para la memoria y las garantías de no repetición. A lo que el Presidente aceptó y se comprometió a través de la Unidad de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a darle seguimiento a dichas propuestas.
Se menciona que a lo largo del tiempo se han creado grupos por las familias, un ejemplo es el que encabezó, Rosario Ibarra de Piedra y fue el Comité Eureka, el cual se integró la familia de la ponente Irma Pineda Santiago, desde 1979. También grupos como La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) así como también Hijos, donde actualmente se visibiliza precisamente la identidad de las personas indígenas, pues la prioridad es encontrar e impedir que se diluya la identidad, porque va de la mano también con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas e implica también reconocer los procesos de lucha de resistencia y reconocer las violaciones que se han tenido y se tienen.
Por último, se comentó que el objetivo de este diplomado es un ejercicio académico que busca proveer de recursos y herramientas tanto teóricas y prácticas, así como también principios transversales que se abordan en distintos temas de Derechos Humanos. Se agradeció al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), a la dirección de Educación Continua, a las y los estudiantes por su asistencia a dicho diplomado, en el cual se prepararán para defender los derechos humanos, atender a víctimas, acompañar los procesos, pronunciarse y preparar las denuncias en favor de las personas indígenas que han sido víctimas de desaparición forzada para así tener acceso a la justicia, ya que en la actualidad los derechos humanos atraviesan por elementos como la impunidad estatal y social. Por lo tanto, se espera que se convierta en un espacio de aprendizaje, pero sobre todo de reflexión por la situación que enfrenta el país, a fin de promover e impulsar acciones de acompañamiento para concientizar y hacerse cargo del problema.
