Posicionamiento estudiantil. Caso Ayotzinapa.
Escrito por Miranda Cid Nieto y Ricardo Gómez Rodríguez
Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública
El día de hoy en este espacio de encuentro con el otre, nos reunimos estudiantes que somos atravesades por contextos y realidades muy diferentes. Desde los lugares que habitamos y que hacemos propios día a día, hasta las aspiraciones que tenemos para nuestro futuro. Sin embargo, compartimos sentires, sueños y el día de hoy, los hilamos entre todes les estudiantes que estamos aquí.
Ser estudiante implica un esfuerzo constante, un crecimiento diario y la aspiración de incidir en nuestro alrededor con los conocimientos que vamos adquiriendo todos los días. Sin embargo, ser estudiante normalista conlleva ciertos retos en el camino, como la estigmatización por ser parte de una escuela que trae todo un bagaje histórico y resistente ante la adversidad. Ser normalista significa romper los esquemas establecidos por la educación elitista y selectiva; significa priorizar lo comunitario, yendo en contra de un sistema político y económico que nos induce a priorizar la individualidad.
Sin embargo, el objetivo de este posicionamiento no es romantizar la figura de les estudiantes normalistas. Sino compartir la indignación que tenemos ante la indiferencia del Estado mexicano sobre la situación por la cual nuestros compañeres continúan atravesando luego de siete años de incertidumbre y dolor.
Tan solo recientemente, estudiantes de Morelia y municipios aledaños se han movilizado por la falta de plazas para ejercer como docentes, quienes desde 2019 no han conseguido apoyo alguno. Asimismo, estudiantes normalistas de Cherán y maestros de Arantepacua, se movilizaron hace unas semanas ante los salarios atrasados. En Tlaxcala, alrededor de 500 estudiantes normalistas de Panotla marcharon exigiendo el respeto a la organización estudiantil, a la matrícula de 342 estudiantes y la solución a otras demandas no atendidas. En San Cristóbal de las Casas, el pasado 18 de mayo fueron detenidos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y cuatro indígenas tzotziles por tomar la caseta de cobro de la carretera que comunica a San Cristóbal con la capital, siendo liberados hasta el pasado 31 de agosto.
Lo aquí expuesto denota la indiferencia por parte de las autoridades del país en la búsqueda de la protección de la educación autónoma y comunitaria. Sin embargo, tal indiferencia no había escalado a la intención de atentar en contra de la vida de estos estudiantes. La madrugada del 26 de septiembre de 2014 marcó uno de los eventos más trágicos y reprobables en la historia de nuestro país: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero a manos de policías y militares. Aquellos que deberían salvaguardar nuestra vida, nos quitaron 43.
La desaparición forzada es una realidad en nuestro país. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se reportaron un total de 732 averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por el delito de desaparición forzada de 2006 a marzo de 2017, de las cuales la FGR solamente judicializó 19. En total, el Poder Judicial emitió, en ese mismo periodo, 9 sentencias condenatorias sobre desaparición forzada. Asimismo, las Fiscalías Estatales informaron sobre un total de 1,197 denuncias por el crimen de desaparición forzada en el período mencionado.
Por hacer un símil que nos ayude a dimensionar la gravedad de esta problemática en nuestro país: desde su fundación en 1983 y hasta el inicio de este ciclo escolar; bajo estas mismas aulas en las que nos encontramos reunidos, han transitado aproximadamente 37,693 estudiantes. Hoy en día, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas hay 92,305 personas desaparecidas y no localizadas a lo largo y ancho de la República Mexicana. México tiene casi 2.5 veces más personas desaparecidas que el número de graduades de esta casa de estudios en toda su historia.
Al mismo tiempo, se presenta comúnmente la indiferencia racista y clasista de las desapariciones, siendo que la atención mediática usualmente se concentra en aquellos casos que se presentan en las urbes, de familias de clase media o alta y/o que ocupan algún puesto de poder. Mientras que las fichas de búsqueda de los casos de personas de medios-bajos y bajos recursos, personas indígenas y aquellos que habitan los espacios rurales pasan desapercibidos. De igual forma, las autoridades han sacado provecho de la barrera lingüística para desestimar los casos de desaparición de la población indígena. Mariana Mora, profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México, documentó que para 2017 en ninguna de las reuniones con las instancias gubernamentales que tuvieron los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se les permitió el acceso a un intérprete para que ellos se pudieran expresar en su lengua materna y entender todo lo comunicado en español.
Es de vital importancia reconocer que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no es un evento aislado que se conformó por el azar de la mala suerte, sino que las desapariciones en México son un problema estructural que parece estar muy lejos de resolverse. Un problema por la falta de capacidad técnica, profesional y sobre todo de empatía por parte de las autoridades del Estado mexicano.
La obstrucción de la justicia en el país ha llegado a tales límites en los que incluso nos enfrentamos a realidades tan brutales como la existencia de campos de exterminio o puntos de cremación clandestina de cuerpos humanos, como el paraje de La Bartolina, Tamaulipas. En este lugar, la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, Karla Quintana Osuna, denunció que en pocos años se había rescatado media tonelada de restos óseos; dato que la Fiscalía General de la República ha confrontado, alegando ante familiares de personas desaparecidas que se ha presentado una confusión y que en realidad son 67 kilos de restos óseos los encontrados en el lugar en cuestión. Partiendo de que el esqueleto de una persona promedio pesa 9 kilogramos, se podría decir que mientras la fiscalía reconoce el equivalente a los restos de poco más 7 personas, los familiares reclaman por el rescate de más de 55. Esto no solo denota el horror de la impunidad en México, sino que al mismo tiempo refleja la poca sensibilidad de la Fiscalía al expresarse de los cuerpos de personas desaparecidas como si de kilos de piedras se tratase.
Son cientas las “verdades históricas” que se les otorgan día a día a familiares de personas desaparecidas, y son las y los familiares quienes se ven obligados a realizar las búsquedas de manera independiente, lo que supone poner en riesgo su solvencia económica y cargar con el impacto psicológico, emocional y espiritual en este doloroso proceso que, en muchos casos, resulta permanente. Las y los integrantes de las familias de las personas desaparecidas se convierten en sus propios agentes de investigación porque no hay institución que les proporcione respuestas.
De igual forma, resulta necesario remarcar la importancia del acompañamiento que realizan las redes de apoyo de los familiares de las víctimas. Reconocemos la importante labor que llevan a cabo al estar día con día, siendo testigos de lo peor del ser humano y respondiendo con lo más bello que tienen, que es el acuerpamiento, la lucha, la empatía y la resiliencia en la búsqueda de justicia.
Por todo lo anterior, y después de 7 años, seguimos exigiendo a las instituciones del Estado investigar, procesar y sancionar aquellos que resulten material e intelectualmente responsables de todos los casos de desaparición forzada en el país, incluyendo el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Les recordamos que existen organismos nacionales e internacionales que se encuentran vigilando sus acciones y que continúan ejerciendo presión para conseguir justicia. Asimismo, nos encontramos las universidades, escuelas, familias, estudiantes y todo un país al pendiente de los avances que se presenten, así como la ausencia de los mismos.
Creemos que esta exigencia debe ser un ejercicio constante y congruente, y por ello celebramos el impulso institucional que ha tenido nuestra Universidad a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría para acompañar, brindar asesoría y retroalimentar las demandas de las familias de personas desaparecidas y no localizadas en Puebla en su exigencia para que el gobierno de la entidad subsanara sus omisiones y aprobara la Ley de Búsqueda de Personas en el estado; pero sobre todo, reconocemos y empatizamos con las familias, con las brigadas de búsqueda, con los colectivos Voz de los Desaparecidos en Puebla y Uniendo cristales que hoy nos acompañan en esta conmemoración.
Abrazamos su lucha y reconocemos los esfuerzos gigantescos que han realizado en la búsqueda de justicia frente a una autoridad indolente, omisa y que no pone en su centro a las personas. Nadie debería transitar por el camino que ustedes han tenido que recorrer, porque NADIE TENDRÍA QUE DESAPARECER en primer lugar.
Reconocemos también que la publicación y puesta en marcha de la Ley de Búsqueda de Personas en el estado de Puebla es una victoria de las familias y un avance tanto en la armonización con la ley federal; como en la existencia de un marco normativo estatal que acompañe y dé sustento a las investigaciones en materia de desaparición forzada; sin embargo, lamentamos que la aprobación de esta ley tuviera que darse en un período extraordinario de sesiones, sin tomar en cuenta algunas de las solicitudes más importantes hechas desde un año antes por las familias y solo después de que éstas últimas se plantaran frente al congreso para que nuestros representantes cumplieran con sus compromisos en la materia y llevaran la propuesta al pleno.
Esperamos que esta nueva legislatura subsane las deficiencias que han sido señaladas nuevamente por los colectivos, particularmente en lo respectivo a la creación de un fondo estatal que garantice la aplicación de la ley, el reconocimiento de los derechos de las víctimas directas e indirectas de desaparición, la participación de las familias en la búsqueda y su derecho a recibir un trato digno por parte de las autoridades.
De igual forma, exhortamos a medios de comunicación para que lleven a cabo su trabajo de forma respetuosa, compartiendo información objetiva, real, verificada y plural, ya que la difusión de esta información construye la opinión pública.
Finalmente, les acompañamos en su búsqueda de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.