Acceso a la información pública: herramienta de profesión o derecho ejercido
Foto: Archivo Contratiempo
Por Carlos Oropeza
El periodismo en México cuenta actualmente con una ventaja que en el pasado no tenía. La reforma en constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública aprobada en el 2014, así como los ajustes legales que le siguieron, que garantizan el derecho de acceder a la información de cualquier institución pública.
Si bien antes era difícil, sino es que imposible, para el periodista obtener información clara sobre ciertos temas ligados a la burocracia gubernamental, ahora el proceso se ha facilitado con dicha reforma, que aunque no en todos los casos sea exitoso el ejercicio, se vuelve una obligación al tener respaldo jurídico porque se trata de un derecho.
Habría que preguntarse, en primera instancia, qué tanto el periodista en México recurre a esta herramienta como un ejercicio cotidiano o constante para reforzar sus notas con veracidad y transparencia. Pueden existir situaciones en las que el periodista no pueda esperar a que su solicitud sea respondida, sobre todo por la inmediatez que caracteriza al ritmo de la actualidad.
Hay que recordar también que existe un plazo máximo de 30 días hábiles para responder una solicitud de información. En el mejor de los casos ese lapso no se ve rebasado, pero hay casos en los que la solicitud se queda en el aire, sin una respuesta por parte del órgano responsable.
Pero lejos de analizar la función de esta ley con una profesión en específico, la reflexión se aproxima más a la interacción de los círculos sociales con este derecho por el cual tanto se ha peleado en el México contemporáneo. El cuestionamiento no tiene que ver con un perfil laboral sino en su vinculación con la sociedad en general.
En 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reportó que se presentaron 234 mil 601 solicitudes a sujetos obligados de la federación, y entre solicitantes con perfiles académicos y de medios de comunicación sumaron poco más de 40 mil.
Los demás perfiles predominantes, según lo revela la información proporcionada por el INAI, fueron empresarios, amas de casa, asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos y otras entidades no gubernamentales. El sujeto obligado con más solicitudes fue Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).
Como se observa en las cifras, la sociedad mexicana está aún alejada de tener este ejercicio de exigir información como una actividad imperante o mínimo preponderante. El problema muchas veces en la actualidad no es el carecer de derechos o situaciones, sino el desconocimiento de lo que se puede hacer.
Evidentemente el derecho al acceso de la información es un avance de la democracia mexicana, al poder exigir un mejor trabajo por parte de las instituciones gubernamentales, pero si la sociedad mexicana no tiene en cuenta esta ventaja, entonces ¿de qué manera se puede pedir un cambio?
Las instituciones educativas deberían incentivar a los jóvenes este ejercicio de exigir lo que les pertenece, información pública del cómo se administra el gobierno que esté en turno. Es por eso que la pregunta seguirá en el aire hasta que cambiemos la situación: el acceso a la información pública ¿es una herramienta de profesión o un derecho ejercido?
