Vulneración de los derechos de mujeres trans en el sistema carcelario
Daniela Guadalupe Moreno Subiaur
Regina Isabel Del Río Tenorio
Estudiantes de Derecho
Las mujeres trans son arrebatadas de su derecho a una identidad, reflejo de la ausencia de su pertenencia y de ser consideradas sujetas de derechos. Según la Enpol (2021) se estima que hay 536 mujeres (0.2%) autodenominadas trans, travestis o transgénero y 552 hombres (0.2%) hombres trans, travestis o transgénero (Enpol, 2021). La cifra es alarmante cuando se profundiza sobre las situaciones de marginación que sufren en el país desde temprana edad.
En México, solo hay datos disponibles de la Ciudad de México, que muestran que son mujeres trans más del 30% de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersexuales y otras diversidades sexuales (LGBTTTIQPA+), es decir, 150 de las 450 que se reconocen así y están en prisión (WOLA, s.f.). Además, al ingresar a prisión, las autoridades ubican a las mujeres trans de acuerdo a sus genitales, no a su identidad de género. Sólo en la capital se considera cómo se identifican, y sólo si tienen identificación oficial con cambio de género.
Ahora bien, ¿Cómo se vulneran sus derechos desde que son ingresadas a prisión? Al ser encarceladas, a las mujeres no se les consulta sobre su destino, su identidad y derechos no se respetan. Son aisladas, tratadas de manera diferente a otros reclusos, lo que afecta su salud mental y física al carecer de servicios de recreación e interacción. Esto conlleva altos niveles de depresión y ansiedad sin apoyo para afrontarlo. El Estado reprime a mujeres, arrebatándoles libertad e identidad, convirtiendo a las autoridades en un enemigo. La sociedad las estigmatiza, resultando en invisibilidad, represión e indiferencia para estas mujeres.
Una mujer trans que marcó la historia de las personas trans en situación de cárcel en el país es Kenya Cuevas, activista por los derechos humanos en México. Fue injustamente condenada a 24 años por posesión y distribución de drogas. Desde joven, se dedicó al trabajo sexual y cayó en el consumo de drogas, una realidad común para muchas mujeres trans en el país. Ella relata que vivió la cárcel como cualquier otra mujer trans en un centro penitenciario masculino, donde era agredida física y sexualmente, no solo por otros internos, sino también por personal de seguridad y custodia (Cuevas, 2020).La vida en prisión para mujeres trans en cárceles de hombres es un infierno de violaciones, abusos y violencia inhumana. Ser trans en México no debería ser una sentencia de muerte, sino la libertad de decidir quién eres.
Por consiguiente el Estado, a través de sus autoridades, es el encargado de la administración de justicia. Primero, de garantizar que las personas trans conozcan sus derechos y en qué situación jurídica se encuentran; y segundo, que la información relacionada con la administración de las prisiones se maneje de forma transparente, entendiendo que debe ser información accesible, fácil de entender y que todos tengan acceso a ella y en última instancia es crucial que comiencen a informarse en derechos humanos y que se sensibilicen hacia ellas, construyendo la capacidad para atender las necesidades específicas de ellas.
Así mismo, se debe reconocer que el sistema carcelario es profundamente lesivo para las mujeres trans, por ser un instrumento de dominación patriarcal que replica estereotipos de género para mantener las estructuras de poder y dominación. Asumir que está centrado en el castigo sin detenerse a estudiar las causas del comportamiento delictivo. La falta de políticas y protocolos para atender sus necesidades, así como la falta de capacitación del personal penitenciario, ha resultado en graves abusos y pérdidas humanas. Para abordar esta problemática debemos reconocer que “las violencias que se dan dentro de las cárceles no suceden de forma aislada o anómala. Son las mismas violencias patriarcales, racistas y coloniales, que muchas veces ocasionaron que las mujeres terminaran en prisión” (Mondragón, 2020).
El informe de la CIDH (2023) resalta la falta de enfoque de género en los datos de mujeres en prisión, lo que dificulta evaluar sus condiciones y necesidades. La infraestructura deficiente de las cárceles, con hacinamiento y falta de servicios básicos, crea un entorno inseguro que no favorece la rehabilitación. Por otro lado, el feminismo antipunitivista promueve modelos de justicia centrados en prevención y restauración, con alternativas como mediación, círculos restaurativos y conferencias comunitarias que priorizan las necesidades de víctimas y promueven la reconciliación. Estos modelos reúnen a infractores, víctimas y comunidad para discutir el daño y desarrollar un plan de reparación y restauración, ofreciendo esperanza a mujeres privadas de libertad y combatiendo desigualdades sistémicas y estructuras de poder que perpetúan la violencia y opresión en grupos vulnerables.
Finalmente, es imprescindible la apertura social hacia este problema. No se puede seguir sosteniendo una sociedad insensible, que cada lágrima y cada golpe sirvan como recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de actuar. Su lucha es nuestra lucha, y su dolor es nuestro dolor.
Referencias:
Alvarado. (2020). CERESO. Documentaac. https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/10/28/privatizacion-de-las-carceles-en-mexico-negocio-jugoso/