Comunidad gay no debería replicar modelos heterosexuales, asegura investigadora
Foto: Cortesía IDHIE
Redacción Contratiempo
Más allá de demandar el derecho al matrimonio, las personas homosexuales deberían exigir a las autoridades el reconocimiento de otros derechos como el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación y la vivienda, aseguró Norma Mogrovejo Aquise, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al impartir la conferencia Derechos Humanos ante la Violencia Patriarcal y la Heterosexualidad Obligatoria en la Universidad Iberoamericana.
La académica explicó que, en sí, el matrimonio es una institución del patriarcado que representa una forma de imponer una organización y jerarquización social eurocéntrica, y que fomenta relaciones de sumisión entre las personas.
Destacó que, bajo este modelo, pareciera que uno tiene ciertos derechos por estar casado y no por el simple hecho de ser persona, por lo que cuestionó por qué una de las luchas principales de los movimientos gay sea buscar replicar un modelo “heteronormativo”.
Es más, señaló que lograr el reconocimiento de un derecho en algún código o constitución no es suficiente, pues pareciera “una falsa demanda” si no se ve reflejado en una verdadera condición de igualdad.
Por esto insistió que no sólo se debe buscar el reconocimiento del matrimonio igualitario, sino que las parejas homosexuales puedan vivir en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales.
“¿Necesitamos el permiso del Estado para amar?”, insistió Mogrovejo Aquise, al plantear como una alternativa la disidencia sexual, la cual busca construir relaciones afectivas libertarias, descolonizadoras y descentralizadas del concepto del amor romántico.
En su ponencia, con la cual se inauguró el Seminario de la Cátedra Ignacio Ellacuría S.J., 2019: Diversidades, Género y Derechos Humanos, la investigadora hizo un recorrido por las luchas sociales que se han dado en América Latina desde hace más de 50 años para el reconocimiento de los derechos sociales de las personas de la comunidad gay.
Mencionó, por ejemplo, que uno de los primeros movimientos que se dieron para la reivindicación de los derechos de las personas homosexuales se dio en Argentina en 1969, en plena dictadura militar, y si bien en otros países de la región nacieron esfuerzos similares, estos fueron reprimidos y perseguidos por la policía, lo cual hizo que la lucha fuera complicada.
Sin embargo, al darse la transición política en el continente con la aparición de regímenes democráticos, la comunidad “tuvo esperanza de transitar de pensamiento”, pues uno de los ideales centrales de este nuevo modelo fue la igualdad jurídica, lo cual para las personas homosexuales representaba que serían reconocidos como iguales a las personas heterosexuales.
Pero esto no se dio de la noche a la mañana, pues incluso hasta la fecha no hay ningún país en latinoamericano que reconozca los crímenes de odio en sus códigos penales, apuntó la ponente.
Incluso, refirió que mientras en Brasil se despenalizó la homosexualidad desde 1830, en Belice fue hasta 2016 que se eliminaron las penas en contra de las personas gay; en cambio, en países como Barbados y Guyana existen sanciones de hasta cadena perpetua por tener una orientación sexual distinta.
Con esto, Mogrovejo Aquise evidenció que la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTI avanza “a cuenta gotas”, por lo que se deben impulsar las luchas propias, y no buscar “ser como los heterosexuales”.
